47 días faltan para la que sería la firma del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, que vienen desarollando en La Habana, Cuba, delegados del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
Desde aquel 23 de septiembre del año pasado, que los colombianos escuchamos de boca del presidente Santos y del jefe máximo insurgente, alias 'Timochenko', el país se viene preparando para la que será la terminación del conflicto interno más longevo de occidente.
Se habla mucho al respecto, y está bien. Que no será entrega de armas, sino dejación; que se les pagará un millón 800 mil pesos a cada guerrillero luego de la firma; que habrá impunidad, entre muchas otras cosas. Todas desmentidas por Humberto de la Calle y su equipo de paz, y que dan una señal de esperanza para aquellos que creemos en que la firma del acuerdo será para bien del país, y no viceversa.
Es cierto que no hay mejor hablador del lado de las Farc que su líder negociador, alias 'Ivan Márquez'. Basta con escuchar las declaraciones unilaterales que cada tanto lanza, dándole razones equívocas a quienes no creen en este acuerdo (sí en la paz, claro), al anunciar que no pagarán un sólo día de cárcel, que habrá Constituyente, que no han aceptado esto o aquello que dice el Gobierno. Y también está bien, pues es su discurso y se debe respetar, mientras no atente contra la población colombiana.
Lo preocupante del caso es ver que colombianos del común siguen creyendo en que habrá impunidad o que se le "entregará el país a la guerrilla". Sería absurdo pensar en esto, hoy cuando los ojos de todo el mundo están puestos en que este acuerdo se firme en condiciones respetables para la sociedad, las víctimas y, por qué no, para los mismos ideales (no medios ni fines) de la insurgencia.
De allí que el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sea tan importante para el país y para la legitimidad del proceso, pues lo blinda de ser aceptado por la comunidad internacional. Esto, sumado a las declaraciones de apoyo dadas por la Corte Penal Internacional el año pasado. En este sentido, la verificación tripartita acordada llevará a que la concentración de los guerrilleros y la dejación de armas, se dé con 'todas las de la ley'.
Falta, pues, que el Congreso presente y apruebe las respectivas leyes de Orden Público (que le devuelve las facultades al Presidente de crear estos espacios de concentración) y Amnistía, donde se tenga seguro todo para que todo esté listo, en caso de que el 23M sí se dé la firma que los colombianos venimos esperando desde hace más de 50 años.
Tengo fe en que durante las sesiones extras que empezará el Legislativo el próximo 16 de febrero, se puedan establecer dichos lineamientos, todo en espera de que el postacuerdo comience un día después de la tan esperada rúbrica.
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